Lunes 23 de noviembre de 2020
→ Ver pronóstico

  • 25°C
  • H: 50%
  • P: 1009
  • V: Este Sedeste

El 17 de agosto, el mismo día que se conmemora el pase a la inmortalidad del General José de San Martín, fue el elegido por la mayoría de los ciudadanos de la Argentina, en distintos puntos del país, para hacerse oír contra una reforma Judicial inoportuna, que solo busca la impunidad de los procesados por la justicia, que integran el actual gobierno nacional. Del mismo modo que ocurrió el 20 de junio cuando el pueblo le mostró al presidente Alberto Fernández, que no estaba de acuerdo con la expropiación de Vicentín, ni con la intromisión del Poder Ejecutivo en el poder Judicial, y el ataque a los derechos constitucionales, como el de la propiedad privada establecido en el Art. 17 de esta.

¿Consultores y Amigos?

El 4 de agosto, junto al bloque de diputados Nacionales de la Coalición Cívica Ari, denunciamos ante la Justicia al presidente Alberto Fernández por Abuso de Autoridad (art.248 del C.Penal), ya que no solamente se excedió en legislar por DNU cuando hay un Congreso que funciona, sino que además designó a los Drs. Carlos Beraldi y Carlos Arslanian, como integrantes del Consejo Consultivo (DNU 635/2020).
La ley 25.188 de Ética Pública es clara, y expresa el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables sin excepción al funcionario público. Todos conocemos los clientes de estos doctores y su incompatibilidad manifesta entonces para el cargo, aunque éste sea ad honorem.

A río revuelto…

Uno se pregunta si el Presidente está conectado con la realidad. En Argentina, vivimos la cuarentena más extensa del mundo. Es un momento de emergencia extrema que, entre otras cosas, hace que se gobierne con superpoderes y bajo incontables Decretos de Necesidad y Urgencia. ¿Es momento para impulsar una gran reforma judicial?
Hoy, la gente no está pidiendo una reforma judicial, está pidiendo Justicia.
Una justicia que actúe, investigue, evalúe, juzgue y resuelva de manera imparcial, y en tiempo y forma. Debe implementarse en todo el país el ya aprobado Código Procesal Penal Federal que se basa en un modelo de justicia oral, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles. El mismo reemplaza el actual sistema inquisitivo -que ponía la investigación del ilícito en cabeza del Juez- por el sistema acusatorio, que pone la investigación en cabeza del fiscal.

Cambios de verdad

Por lo tanto, si lo que buscamos es mayor celeridad, necesitamos nombrar más fiscales que jueces. Además, ¿por qué nombrar 23 jueces subrogantes -con la inestabilidad que esos nombramientos conllevan- cuando se han retirado de la Comisión de Acuerdos del Senado 135 pliegos de postulantes a distintas magistraturas? Pliegos que ya atravesaron las distintas instancias del concurso, han sido evaluados, entrevistados y ternados por el Consejo de la Magistratura. Un gasto innecesario de recursos humanos, económicos y de tiempo, pero sobretodo, una falta de respeto a los que se sometieron a las reglas del juego y le suspenden, sin razón, el partido.
Leyes como la del arrepentido, de flagrancia, de responsabilidad penal de las empresas, sumado al impulso que se le dio durante el gobierno anterior al Programa de protección a testigos, fueron herramientas que le permitieron a los jueces darle algo de agilidad al proceso, tan ralentizados por la cantidad de instancias de apelación que hoy tiene nuestro sistema. Continuar con las distintas temáticas del Programa de Justicia 2020 que incluye la participación ciudadana, acercarían esta reforma también a los usuarios del servicio de justicia.
Llama la atención la constitución de una comisión de notables que mencionábamos, para reformar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, sin que la integren anteriores o actuales miembros de estos cuerpos, que son los que más conocen las deficiencias en su funcionamiento a corregir. Tampoco se convocó a la sociedad civil o a las fuerzas opositoras, no se buscó construir consensos ampliamente.
El diseño de la reforma que llevaba a cabo su Secretario Gustavo Beliz, era muy superador y más austero. Pero parece que el propuesto por el abogado de la Vicepresidente, hoy Consejero Consultivo, tuvo más peso.

¿A quién le conviene esta reforma?

Qué perjudicial es para los argentinos que el Presidente siga priorizando las necesidades de la Vicepresidente en vez de las del país. Ya que solo reformaría la parte de la Justicia que a ella afecta. La Justicia de “Comodoro Py”.
No es contra del otro sino con el otro que podremos, parándonos en las coincidencias y pactando en las diferencias, diseñar las políticas públicas necesarias para superar décadas de desencuentros que no nos han permitido avanzar.
El Presidente solo presenta un plan de impunidad. Otra oportunidad perdida. Chau Argentina.

Nota: Las opiniones de este artículo son exclusiva responsabilidad de la autora.

Publicado el sábado 29 de agosto de 2020

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.