Se aprobaron dos proyectos solicitando informes sobre usurpación de propiedades y terrenos
En la sesión del Concejo Deliberante que se llevó a cabo el lunes último fueron aprobados dos proyectos relacionados con denuncias sobre usurpación de terrenos y propiedades en distintos puntos del partido de Luján.
Las iniciativas fueron impulsadas por el concejal del Frente Renovador Federico Guibaud, conjuntamente con los concejales peronistas César Siror, Mariano Ruiz Pando, Marisol Taffi y Facundo Romero.
A través de un proyecto de Comunicación, se le solicita al Intendente Municipal que brinde información sobre lo actuado con relación a las intimaciones y/o clausuras de edificaciones realizadas en terrenos ocupados de manera irregular, como también sobre los relevamientos de déficit habitacional y pedidos de regularizaciones de dominio, entre otros reclamos.
Por otra parte, mediante un proyecto de Resolución, se le solicita a los titulares de las U.F.I. (es decir las Fiscalías) nº 9, 10 y 11 con asiento en Lujan que brinden información sobre todo tipo de denuncias relacionadas con usurpaciones de terrenos y/o bienes inmuebles que se hayan cometido en el partido de Luján desde el mes de diciembre de 2011 hasta la fecha, y también se le requiere a los directivos de la Cooperativa Eléctrica local que brinden información sobre los requisitos que deben cumplirse para instalar un medidor de energía eléctrica a los fines de evitar las posesiones de hecho.
En los fundamentos de ambas iniciativas, se hace alusión a los antecedentes de las tierras tomadas de manera irregular en las localidades de Pueblo Nuevo, Olivera y Open Door, como también en diferentes barrios del casco urbano de nuestra ciudad, como el caso del barrio Los Laureles, cuya gravedad motivó a varios vecinos a participar de una sesión y de un plenario del Concejo Deliberante con el fin de denunciar la usurpación de varias propiedades.
Entre otras consideraciones, también se plantea que la ocupación irregular de tierras es consecuencia de la inacción de la autoridad estatal por no emplear las herramientas legales que permitan frenar ese tipo de ilícitos, lo cual resulta ser una insultante situación con quienes se sacrifican durante años -en el marco de la ley- para acceder a la vivienda propia.
