Docentes de la UNLu: De inundados a relocalizados, del barrio a las casitas

Las viviendas para familias inundadas continúa siendo una deuda del gobierno municipal. Solo se han entregado 30 viviendas, por lo que docentes de la Universidad elaboraron un documentos y expresaron:

Docentes de la Universidad Nacional de Luján integramos una comisión mixta de seguimiento de las obras para la relocalización de las familias que han sufrido las últimas inundaciones en la ciudad.
El establecimiento de esa comisión fue resultado de las demandas que, en conjunto, ejercimos vecinos, docentes de la universidad y organizaciones sociales, para poder realizar un seguimiento más riguroso y sistemático de esta nueva etapa de obras.
Este seguimiento surge de los cuestionamientos que hacen los vecinos sobre cómo encaró el gobierno municipal la anterior y primera etapa de obras, en la que fueron construidas 30 casas. Cuestionan la nula participación para decidir qué tipo de vivienda, con qué materiales, con qué recursos, cómo organizar el espacio, los plazos de ejecución, etc. Incluso, las personas que hoy viven en el incipiente barrio testimonian sobre la precariedad y el deterioro de las viviendas.
La comisión está formalmente creada y cuenta con “el visto bueno de la municipalidad”. Pero se enfrenta con dificultades para dialogar con el municipio. Vecinos y referentes de las organizaciones se acercan a los funcionarios para pedir reuniones y dar inicio a un funcionamiento regular y periódico de la comisión y los funcionarios no los atienden, “patean para adelante” su concreción, prometen llamar telefónicamente “para arreglar” una posible fecha de reunión y no llaman. Asimismo, los vecinos afirman que se enteran por los “medios o trascendidos” informaciones sensibles como por ejemplo, cuál es la cooperativa que va a construir las siguientes viviendas o quién es el arquitecto designado por la municipalidad para hacer el seguimiento de las obras.
Esta situación junto a otras que caracterizan a este proceso nos motivó a docentes que integramos formalmente la comisión a escribir estas líneas. Necesitamos plantear una postura, visibilizar algunos hechos y situaciones que consideramos injustas para quienes fueron y esperan aún ser relocalizados. Estamos ante una imperiosa necesidad social: las familias requieren vivir dignamente y no volver a sufrir la dramática y angustiante situación de inundación. Ante esta necesidad y el anhelo de niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ninguna institución gubernamental en sus diversas escalas nacional, provincial y local, puede hacer “oídos sordos” y “mirar hacia otro lado”, conducta que caracterizó a la práctica del municipio durante el año anterior. Pero para eso hay que revisar un poco el pasado.

-Haciendo un poco de historia
Las recurrentes inundaciones sufridas en Luján entre 2014 y 2015 llevaron a un conjunto importante de vecinos a movilizarse y, junto a organizaciones sociales y políticas locales que se solidarizaron con ellos, buscar una solución que exceda el asistencialismo, que superen esas acciones inmediatas que ocurren tras el desastre.
Gracias a las movilizaciones lograron gestionar, ante el entonces Ministerio de Planificación de Nación, nuevas viviendas mediante la relocalización. Luego, a través de un consorcio urbanístico, se consiguió un predio en que se permitió a un privado lotear una parte y ceder el resto a la Provincia de Buenos Aires para la construcción de las casas.
Más de doscientas familias, puntualmente doscientas cuarenta y dos, recibirán estas nuevas viviendas dejando atrás la historia de la inundación, 40 quedaron a cargo de una cooperativa conformada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y ya se están levantando en la localidad de Olivera. Pero las otras 202, a construirse en Luján, no se han resuelto de manera simple. Todo lo contrario.
Se inicia un derrotero para esas doscientas familias que ya llevan un año y medio, un proceso con rasgos conflictivos y angustiantes. Se inicia con la selección de tan sólo 30 de las 202 familias que son las primeras realojadas. Luego, un tiempo de espera muy largo, en el cual las obras no avanzaron en lo más mínimo. Prácticamente el año 2016 completo; un ciclo de idas y vueltas, de los vecinos reclamando y yendo a pedir explicaciones a los funcionarios; un ciclo de fuerte descreimiento. Acostumbrados a promesas incumplidas, muchos vecinos comienzan a pensar que las obras jamás se realizarán y rumores concordantes con esa idea comienzan a circular, curiosamente, por los cuatro barrios en cuestión.
Fragmentar las obras implica una gran mochila para los vecinos
Luego de un censo realizado por trabajadoras sociales del Instituto Provincial de la Vivienda en los barrios afectados por la inundación, las familias atravesaron un proceso de selección con criterios tales como la cantidad de hijos y la cantidad de veces que habían sido víctimas de la inundación.
La relocalización de las primeras treinta familias vino acompañada de muchos problemas. Por un lado, la construcción por etapas de las viviendas que constituye un mecanismo que fragmenta el nuevo barrio, además de colocar a los vecinos no seleccionados en una situación de espera muy dura que apacigua la lucha por el derecho a una vivienda digna. Los vecinos recuerdan con claridad el día en que se dio la noticia de cuáles serían las primeras familias relocalizadas: sólo 30, quedando 172 en espera.
Por otro lado, no queremos dejar de mencionar algo muy sugerente: las treinta nuevas viviendas fueron entregadas sin revestimiento exterior, condición que según testimonios de vecinos ya relocalizados, produce que las paredes de deterioren y humedezcan al mínimo contacto con el agua. Hay “promesa” de revestimiento de ladrillos, para compensar esa precariedad. Los plazos de esa promesa se cumplieron hace tiempo. Como se imaginará el lector atento de esta nota, la palabra promesa tiene una connotación muy negativa en la historia contada por los vecinos. Agreguemos que además, la pequeña urbanización cuenta con calles de tierra intransitables los días de lluvia y con veredas arcillosas.