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Cada nuevo ciclo escolar acarrea discursos encontrados, choques e interrogantes. Este año nos encuentra poniendo sobre la mesa viejos y nuevos problemas en torno al sistema educativo que lo (nos) atraviesan desde sus pilares políticos hasta lo más profundo de las acciones mínimas y las realidades domésticas.

Certezas y replanteos

Cómo comenzarían las clases fue una pregunta que se mantuvo en suspenso hasta que se comenzaron a socializar las propuestas que -proyectadas en el futuro inmediato o lejano- no alcanzarán certezas porque convivir con el COVID-19 conlleva replanteos, desafíos y decisiones que acompañan el devenir de la pandemia en cada parte de nuestra
Argentina, de acuerdo al contexto situado.

Los conflictos enquistados hace décadas -bajos presupuestos, decadencia edilicia, problemáticas salariales docentes, exclusión socio-económica- estallaron en el transcurso del 2020 evidenciando y profundizando una de las caras más dramáticas de una sociedad democrática: la desigualdad. Quiénes y cómo participaron de clases el año pasado, quiénes y cómo fueron excluidos forma parte de la responsabilidad del Estado de no trabajar para el conjunto de la sociedad sino fomentando discursos y acciones – para ciertos sectores en demanda permanente- que habilitaron la grotesca y perversa mercantilización de la educación disolviendo la gratuidad.

Disponer de un dispositivo (celular, notebook, otros) así como el acceso a la conectividad fue decisivo a la hora de contar el tipo de educación recibida y la exclusión escolar. Estos problemas socio- técnicos desnudaron la pobreza, la desocupación, la imposibilidad de acceder a un bien público común, a un derecho. La falta de garantías de acceso sufrido durante el año 2020 fue inusitada, develando medidas gubernamentales incomprensibles, acciones insuficientes y comunicaciones de agenda poco honestas. En este 2021, lo único seguro es que las certidumbres son una ilusión.

Desigualdades dolorosas

Todo no es lo mismo. No recibieron ni reciben el mismo tipo, modalidad y frecuencia de educación quienes logran el acceso a dispositivos y conectividad, plataformas digitales o aplicaciones móviles que aquellos a quienes se les otorgan fotocopias o cuadernillos dentro de un bolsón en forma semanal, se vinculan con intermitencias o poseen un único celular dentro de una familia con hijos en edad escolar, entre tantos casos. Se trazó una línea dolorosa e inexplicable para un amplio sector social que quedó fuera del sistema educativo. Si bien el trabajo docente fue inconmensurable y desgastante -al punto de habilitar e impulsar la flexibilidad laboral en cuanto a horarios, responsabilidades y tareas- y se tomaron resoluciones ministeriales (planes de revinculación como el ATR, ciertas plataformas y cuadernillos) para avanzar sobre la situación tan frágil y compleja, la exclusión fue determinante.

Resulta urgente complejizar y discutir por qué no se logró durante un año que se liberen datos para el uso de plataformas educativas en forma gratuita y se garanticen dispositivos para las familias. Resultan inexplicables las incongruencias discursivas y la gestión de acciones territoriales. Resultado: para todas/os la/os estudiantes la educación no se garantizó en pie de igualdad.
En la provincia de Buenos Aires el comienzo de clases se anunció de la siguiente forma: “todos a clases, todos los días en jornadas de cuatro horas”. Una promesa confusa de llegar a la mayor presencialidad. La heterogeneidad de escuelas, accesos, población estudiantil, posibilidades edilicias expuso que de un total de 16.000 escuelas -de nivel inicial, primaria y secundaria- aproximadamente 4.000 se encontraban en condiciones de proporcionar dicha presencialidad, teniendo en cuenta el número de estudiantes o la amplitud de los espacios físicos.

Por lo tanto, una gran cantidad de establecimientos abrieron sus puertas en un esquema de clases alternado -la presencialidad completa, semipresencial o combinada y continuidad pedagógica no presencial, tres modelos de escolarización de acuerdo con la Resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación-.
Demás está aclarar que -en concordancia con lo desarrollado- quienes tienen problemas de acceso a dispositivos e internet no podrán participar de todas las modalidades propuestas.

Contradicciones y protocolos

En este sentido, para sumar más contradicciones, Nicolás Trotta propuso un acuerdo para las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional de un proceso de reorganización pedagógica: la unidad pedagógica 2020 y 2021. Indicó que es «un proceso que implica una reorganización integral de lo pendiente y de lo que se proyecta para este año». Al finalizar 2021, las y los estudiantes deberán acreditar la unidad pedagógica para así avanzar al año siguiente. Es inevitable preguntar (nos) sobre las condiciones, garantías y posibilidades para que esto suceda y cómo.
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en su propuesta de “Plan Jurisdiccional para una vuelta a clases segura” establece pautas obligatorias organizativas para los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza, tanto de gestión estatal como privada. Dichas pautas deben ser implementadas según las características de las regiones educativas, de los distritos y de cada establecimiento escolar, con el objetivo de garantizar la máxima presencialidad posible.

Este plan incluye protocolos con especificaciones (susceptibles de ser revisadas ante los cambios contextuales) relativos a la infraestructura edilicia; la limpieza y desinfección de los establecimientos educativos; la actuación ante un posible caso de COVID-19; la adecuada ventilación de las escuelas; el funcionamiento de las bibliotecas escolares y el uso de transporte escolar. Así mismo, abarcan: jornada de cuatro horas; uso de tapabocas obligatorio para estudiantes y máscaras de acetato para docentes y auxiliares; una distancia social de dos metros en espacios comunes, de 1,5 entre estudiantes y de 2 metros con el/la docente dentro del espacio áulico; ventilación natural permanente en las aulas; bloques de clases de una duración máxima de noventa minutos con descansos de al menos cinco minutos; “recreos” para el esparcimiento y la higiene sin juegos de contacto e intercambio de juguetes o elementos personales; horarios escalonados para el ingreso y egreso de la institución; higienización de manos cada 90 minutos por parte del personal; declaración jurada firmada por adulto responsable; control de la temperatura al ingreso (máxima admitida 37.4 grados); comedores y kioscos cerrados.

Una burbuja de inequidad

En el esquema presencial, la denominación de las «aulas burbuja” (grupos de convivencia estable que no tienen contacto directo con otros grupos durante su permanencia en la escuela) remite a connotaciones críticas: la burbuja de la negación de la heterogeneidad de los establecimientos educativos de la provincia y sus posibilidades edilicias.
El desarrollo de la pandemia y las realidades de cada familia para adaptarse a las normativas marcará el rumbo de lo por venir. Entre los malabares de la continuidad pedagógica y una educación homogénea en la Argentina, el resquebrajamiento del acceso a una educación pública y gratuita nos muestra qué tan profundo puede calar la
desigualdad. Cuando la inequidad la impulsa el Estado, el mismo Estado del que se espera la protección de los derechos fundamentales, es inadmisible que permitamos que la neblina despierte la ceguera del individualismo o la simplificación de los hechos.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora

Publicado el sábado 3 de abril de 2021

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