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El grupo de vecinos inundados junto a la comisión Mixta emitió un comunicado sobre la situación que están atravesando ya desde hace un tiempo en relación a la relocalización de sus viviendas, por lo que difundieron el siguiente texto:

El gobierno municipal se propone entregar en 2018 solo 30 de las 172 viviendas restantes para la relocalización de las familias lujanenses que han sufrido las sucesivas inundaciones. El dato de por si es preocupante, pero se agrava por el hecho de que ya entregó otras 30 en 2016. Cuatro aspectos permiten dar significado al problema y comprender la lógica con la que se gobierna el distrito.
1) a pesar de ya existir los recursos, el ritmo de entrega de las viviendas está fuera de cualquier ejercicio lógico: la entrega de 30 unidades cada dos años indicaría que la obra podría extenderse cinco o diez años más.
2) La primera entrega de viviendas ocasionó un conflicto entre los vecinos. Debieron seleccionarse solo 30 familias de 202, que accedieron a su vivienda en junio 2016. Fue un proceso vivido con angustia, agravada por la permanente amenaza de crecida del río. 172 familias debieron aceptar que quedaban para un segundo momento que juzgaban incierto. Y obviamente, la incertidumbre no era una fantasía.
3) la posibilidad de que sólo se entregaran, nuevamente, 30 casas, fue discutida y rechazada por la Comisión de Seguimiento ya en abril de este año, que explicitó con absoluta claridad a los funcionarios locales y provinciales sobre por qué no debían volver a hacer pasar a los vecinos por una nueva selección de solo 30 familias. Tanto en abril de 2017 como en diciembre, hace apenas dos semanas, la comisión de seguimiento dio sus razones originadas en los argumentos construidos en asambleas de vecinos. En las dos oportunidades el municipio de Luján dijo entender las razones y se comprometió a entregar las 172 viviendas en solo dos etapas, con 88 y 84 entregas en cada una. No parece ser lo que está ocurriendo. Las palabras de los funcionarios no coinciden con la realidad. De ahí que el tercer problema en cuestión es para nosotros muy serio: los gobiernos local y provincial desconocen la voz de los vecinos y ningunean el problema de hacer las cosas con lógica clientelar, despreciando lo que piensan, sienten y viven los niños, mujeres y hombres que se han inundado sucesivamente.
4) ¿Cuál es el sentido de entregar 30 casas, avanzar tan poco cuando existen los recursos para entregar todas las viviendas, como lo anunció el Intendente ante el Concejo Deliberante en la apertura de cesiones en 2017? No encontramos otra respuesta que la lógica clientelar y la “ventaja” de anunciar obras públicas cada año.

Esta son las tristes noticias con las que el gobierno municipal despide el 2017. Pero tienen una historia que a continuación compartimos con aquellos que quieran interiorizarse en un proceso de efectivización de un derecho social elemental.

En 2016 se conforma la Comisión mixta de seguimiento, integrada por vecinos, organizaciones sociales y docentes de la universidad. Los vecinos preocupados por la tardanza y por la precariedad de las viviendas construidas deciden tejer alianzas con docentes universitarios y organizaciones locales para hacer un seguimiento más profundo del proceso de adjudicación de viviendas y de la propia obra.

Desde la perspectiva de los vecinos, dar seguimiento a la obra es indispensable y lo que lo demuestra a todas luces es el estado de las primeras viviendas, construidas “a los ponchazos”, con precariedad y sin supervisión real.La Comisión reconocida por el intendente municipal se reunió muchas veces con distintos funcionarios, aunque debemos mencionar que en general, la reuniones fueron impulsadas por los vecinos con pedidos recurrentes, a veces insistentes y nunca por los funcionarios.

El mes de mayo de 2017, y luego de un largo letargo, se inició con obras en el predio donde se levantarán las casas para relocalizar a la población. Un avance notable en un proceso que viene siendo demasiado lento y demorado, especialmente si tenemos en cuenta que los vecinos lograron que el Estado, en sus tres niveles, asumiera en compromiso de solucionar el tema, allá por 2015. Un avance, por otro lado, jalonado por la insistencia y la perseverancia de los vecinos.
Mucho más difícil que hacer avanzar las obras parece ser alterar una lógica consolidada: las dificultades del gobierno local para abrir el juego, dar cuenta, poner sobre la mesa la información.

En el camino el municipio tuvo dificultades para compartir información relevante, como el anexo a los convenios y el pliego de especificaciones técnicas. Los vecinos exigieron participar de reuniones en las cuales tener más detalle sobre el plan de obras: saber en concreto si se cumplirá lo planificado en relación a los materiales con los que se construirán las casas y la tecnología constructiva, acceder a los contratos, a los plazos fijados sobre las distintas fases de construcción y tener claro si todo lo que se proyecta construir en el nuevo barrio contempla lo que acordó el municipio previamente con los vecinos y organizaciones.

La comisión tiene una idea clara y firme: la construcción del territorio debe hacerse desde la participación popular y no única y exclusivamente desde la lógica gubernamental.Dicha participación no es un capricho ni una cuestión arbitraria; es la certeza de que con la organización de los actores involucrados y otros miembros de la comunidad, los proyectos son mejores en calidad por el aporte que se hace desde la diversidad de puntos de vista. Además, es la lucha emprendida por los vecinos y organizaciones que acompañaron en todo este tiempo la que logró el proceso de relocalización.

En ese sentido, la comisión expresa lo que la teoría social viene diciendo acerca de cómo debe ser la la gestión democrática de las sociedades:

El concepto de participación (…) pone énfasis en el ciudadano, las organizaciones asociativas, instituciones civiles y las comunidades locales, pero también a los movimientos sociales. Pero es obvio que esta participación ciudadana requiere (…) procesos, movimientos y propuestas emergidas desde la misma ciudadanía, formuladas, realizadas y desarrolladas por ellos, decididas por ellos en cuanto a su ejecución y ejecutadas por ellos, en otras palabras nos referimos a la participación ciudadana integral.

El municipio de Luján parece tener un importante problema a la hora de abrir el juego, de escuchar y consensuar proyectos. La gestión, al parecer, considera como actor exclusivo, en el proceso de toma de decisiones, a quien se encuentra “detrás de un escritorio”. Desde ese lugar de jerarquía social es el único que puede impartir las decisiones desconociendo y/o menospreciando conocimientos, saberes, necesidades, intereses y lógicas de los destinatarios: las personas y familias que esperan ser relocalizadas.

Publicado el jueves 28 de diciembre de 2017

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