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La búsqueda para la mejorar de la calidad de las instituciones de la democracia debe ser una tarea permanente. Según los informes de la última década de Latinobarómetro, la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones estatales y los partidos políticos se ha ido degradando de manera constante. Ante ello, es imprescindible defender el rol de un Estado con la vocación constante de promover y ampliar derechos. Como señala el Sociólogo Peter Evans, “guste o no guste, el Estado tiene una función central en el proceso de cambio estructural, aun cuando dicho cambio se defina como un ajuste estructural”. Los últimos cuatro años de la Argentina, son prueba de esta última parte de su observación.

Cambios que llegaron para quedarse

Si nos referimos a los gobiernos, existe un consenso general de la necesidad de modernizar, transparentar y abrir lo que durante muchos años se vio como una caja negra; si hablamos de los ámbitos legislativos encontramos iniciativas similares, entre los cambios más recientes, en nuestro país se introdujo la paridad de género en las listas legislativas llevando más equidad a las cámaras y Concejos Deliberantes; los partidos políticos también estuvieron atravesados por transformaciones como la Ley que estableció las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Sin embargo, cuando nos referimos a la justicia, es más difícil identificar acciones de esta naturaleza a pesar de la existencia de un amplio consenso social sobre la necesidad de una justicia más ágil, transparente y activa, sobre todo cuando nos referimos a algunos temas como la lucha contra el delito y el narcotráfico.

Tuercen las palabras y también los sentidos

En este como en otros casos, existe una disputa relacionada a la formación del sentido. En algunos medios de comunicación, se reitera una estrategia que consiste en modificar la denominación de las cosas. En consecuencia, el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal es denominado por todos como “Reforma judicial”.
Esto no es menor y tiene una importancia central en el debate, porque la estrategia permanente de aquellos que quieren que nada cambie en la Argentina, está muchas veces relacionada con torcer el sentido de los procesos sociales, políticos y culturales, sembrando terror y agitando fantasmas inexistentes. Entonces, para abrir una instancia de intercambio, debemos rebobinar y volver a entender qué es lo que realmente se está tratando por estos días en el Congreso de la Nación.

Aclarar para no confundir

El proyecto en debate principalmente se refiere a la Justicia Federal Penal; la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico; la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la competencia de investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, proceso que se encuentra pendiente desde la reforma constitucional de 1994; el fortalecimiento de la Justicia Federal en todo el territorio nacional; y la incorporación de reglas de actuación de los magistrados ante cualquier intento de influencia en sus decisiones, ya sea a través de poderes políticos, económicos, amistades, grupos de presión o medios de comunicación.
Por otra parte, se le da continuidad a una agenda impulsada durante el gobierno anterior denominada Justicia 2020, con el objetivo de modernizar el Poder Judicial propiciando innovaciones tecnológicas, el expediente digital, el acceso a la información y una mayor transparencia. En paralelo a la presentación del proyecto de Ley, se creó un Consejo Consultivo integrado por once expertos de reconocida trayectoria y de distintas procedencias.

Cuando el Presidente Alberto Fernández presentó este proyecto de Ley, pronunció una frase que nos debe interpelar y hacer reflexionar en estos tiempos: “Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron”. Debemos comprender que el debate sobre el fortalecimiento de la justicia no se abre ni se cierra con esta Ley. Seguirá latente e interpelando al sistema político en general y a la justicia en particular.
El desafío de poner a la Argentina de pie no puede ser una tarea sectorial o parcial, se requiere de la vocación de todos, con discusión, debate, honestidad y la capacidad de construir sobre consensos y disensos, asumiendo antes que nada la madurez política, social e institucional que demanda la hora.

Nota: La opiniones de este artículo son responsabilidad del autor

Publicado el sábado 29 de agosto de 2020

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