Opinión sobre radicación de industrias contaminantes 

El Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján, vinculado al Ateneo Raúl Alfonsín y que cuenta con la dirección ejecutiva de Fernando Casset, se ha pronunciado públicamente “contra cualquier intento de derogar, modificar, suspender la vigencia o limitar los efectos de las normas municipales que prohíben en Luján la radicación de las industrias que más afectan a la salud humana y al medio ambiente”.

El trabajo repasa la historia de esta prohibición, iniciada con el reclamo de los vecinos de Jáuregui contra la contaminación provocada por la curtiembre Curtarsa S.A. También menciona como hitos la aprobación de una ley provincial obligando a la relocalización de esa fábrica, la posterior aprobación de la Ordenanza N° 6.224 que prohíbe la radicación de industrias peligrosas y, por último, la inclusión de esta misma restricción en el Código de Ordenamiento Urbano (COU), vigente desde el 1 de noviembre de 2019.

“Quienes hoy sostienen la necesidad de poner en discusión esta prohibición o bien desconocen esta historia, porque no vivían aquí en esos tiempos, o –lo que es peor– la minimizan, restándole importancia. Si ha sido tan clara la expresión de la comunidad en ese sentido, ¿cuan valioso o poderoso es el interés particular que se defiende en sentido opuesto?”, expresa un párrafo del estudio.

En ese sentido, la presentación cuestiona al intendente Leonardo Boto, por promover este debate y no confesar qué beneficios tendría esto para la comunidad local. “Hay una vaga referencia a emprendimientos privados –nuevos o ampliaciones de plantas fabriles ya existentes– que se verían imposibilitados por la restricción que impone la ordenanza en cuestión. Pero aquí también abundan las imprecisiones, y no se hace mención a los casos ciertos, concretos, que se encontrarían en esta situación. De hecho no existe en el Concejo Deliberante ningún planteo formal en este sentido, ni lo ha habido en los casi 9 años de vigencia de la Ordenanza Nº 6.224”, añade el Centro dirigido por Fernando Casset.

“Pero lo que más turbiedad produce en esta discusión es la adulteración de datos, la interpretación retorcida de la normativa existente, el partir de premisas falsas para llegar a conclusiones disfrazadas de ciertas y, en suma, el despliegue de artificios discursivos que, por ser tantos y tan rebuscados, producen una maraña argumentativa que logra generar la confusión ideal para facilitar el logro del fin inconfesable que se proponen”, expresa otro párrafo.

En particular, el estudio sostiene que el Municipio tiene competencia para sancionar una regulación como esta. “La competencia municipal para dictar una norma de estas características es clara. En principio, es reconocida por la propia reglamentación de la Ley provincial Nº 11.459 de Radicación Industrial, al establecer que es legal la existencia de una prohibición municipal para el desarrollo de algún tipo de actividad industrial en su jurisdicción. Y luego porque la Provincia de Buenos Aires ha convalidado el COU y, dentro de ese cuerpo normativo, la prohibición de la radicación de este tipo de establecimientos industriales”.

Más adelante, el Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján advierte que cualquier pretensión de radicar una industria clasificada como peligrosa exige un estudio de impacto ambiental y una instancia previa de participación ciudadana. Sin ello, cualquier habilitación o autorización sería nula.

Por último, el trabajo sostiene: “La falaz discusión que pretenden reinstalar, casi 10 años después de haberla ya resuelto los y las lujanenses, es cuánta calidad de vida estamos dispuestos a sacrificar como comunidad, cuánto daño queremos soportar en nuestra salud y en el medio ambiente, para favorecer la rentabilidad económica de algunos particulares. Así, si se insiste en plantear esta disyuntiva engañosa, no caben dudas de que sería un gravísimo retroceso cualquier intervención sobre la legislación local que limitara de cualquier modo su vigencia”.

Publicado el martes 12 de abril de 2022