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Desde hace más de 40 años, el movimiento por la desmanicomialización, lucha por los derechos de las personas con padecimientos de salud mental a vivir en la comunidad con un adecuado acompañamiento del sistema de salud, denuncia que el encierro en los neuropsiquiátricos tiene efectos destructivos sobre las personas. También cronifica el malestar y genera pérdida de capacidades sociales, lo que vulnera gravemente los derechos humanos.

Décadas de abandono

En Argentina, según el Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado en 2019, aún existen 162 instituciones monovalentes de internación neuropsiquiátricas, de las cuales 41 pertenecen al subsistema público y el resto al subsistema privado y al de obras sociales. En ellas viven 12.035 personas con un promedio obsceno de 8,2 años de internación y con el duro dato de que 1 de cada 4 personas lleva entre 11 y 90 años de encierro. Es decir, la gran mayoría, se encuentra confinada sin criterio de riesgo inminente de su salud o la de terceros, pero con un deterioro por la hospitalización innecesaria y, muchas veces, en condiciones sanitarias, de higiene, alimentación y cuidados muy agraviantes.
Este año debería ser el correspondiente al cierre de este tipo de instituciones y su reconversión hacia hospitales generales y/u otros centros de atención de salud dentro de los que se contemple la internación en salud mental como último recurso y por un corto plazo, según la ley 26.657 de salud mental y adicciones sancionada en 2010, pero la falta de políticas para la atención de la salud mental en la comunidad lo impedirá

¿Cómo llegamos a esta situación?

Durante el anterior gobierno kirchnerista floreció “solo una gran enunciación” de políticas públicas para crear dispositivos de atención en la comunidad sin presupuesto, mientras se financiaba contradictoriamente el fortalecimiento de manicomios como los de Córdoba, San Juan y el Hospital de Salud Mental Tobar García para niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el macrismo se avanzó sobre la “des-hospitalización y el desfinanciamiento de programas de atención domiciliaria en salud mental” y en el acceso a subsidios para la rehabilitación social y la inclusión en la comunidad de las personas internadas.
A este escenario llegó la pandemia del COVID-19 y las condiciones de vida de estas personas internadas en los manicomios empeoraron de manera significativa.

Un aislamiento multiplicado por la precarización y el ajuste

Debido al aislamiento social preventivo obligatorio, no solo se han terminado las visitas de familiares y amigos/as, sino que también se ha cortado casi toda la atención de los dispositivos de rehabilitación social que funcionaban fuera de los neuropsiquiátricos. También se suspendieron talleres de formación profesional, los espacios educativos, los talleres de arte y recreación y hasta las actividades de acompañamiento terapéutico para la recuperación de capacidades sociales mientras que los procesos de externación quedaron truncos. Pero no sólo por las características de las nuevas normas de aislamiento sino también porque gran parte de estas actividades para restituir los derechos vulnerados son llevadas adelante por profesionales que trabajan de manera ad honorem (sin salario, voluntarias) o de manera precarizada en los hospitales y clínicas de internación: pasantes, becarios/as, concurrentes, visitantes y profesionales contratados/as como monotributistas. Todos ellos sin derechos laborales, ni ART, deben pagarse los seguros de riesgo de mala praxis, no tienen licencias ni vacaciones. Por lo cual, no se propusieron modalidades alternativas a través de herramientas tecnológicas vinculadas a internet u otros medios para seguir con el trabajo.
Asimismo, nos encontramos con el caso de algunas instituciones privadas que aprovecharon la situación para despedir de manera encubierta a profesionales del equipo de salud dejando a los equipos de salud que aún siguen trabajando, con una enorme sobrecarga, mientras que otros quedaron en la calle en medio de la crisis sanitaria pero también económica.
Tal es el caso del Instituto Frenopático de Buenos Aires que decidió en los primeros días de abril “desvincular” a musicoterapeutas, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, psicólogos/as y otros/as profesionales monotributistas, al mismo tiempo en que agruparon en un mismo piso a personas con diferentes problemáticas y edades, sin informar criterios de salud a las personas y sus familiares por tal decisión e incrementando el sufrimiento de las personas institucionalizadas.
Además, en el subsector de obras sociales y en el de las empresas de salud privadas, se ha informado unilateralmente que a las prácticas de salud mental se les rebaja el pago por prestación, tanto en las instituciones como en las que se realizan telemáticamente. Y en los hospitales del sistema público, se han cerrado consultorios externos y muchos de los programas residenciales que funcionan dentro y fuera de los hospitales cuentan con una mínima dotación del equipo de salud. Y, desde ya, al no considerarse un espacio crítico de salud por los expertos de la pandemia, los recursos como alcohol en gel, barbijos, lavandina, jabón y vacunación antigripal están más restringidos que en los centros de salud que se encuentran en la primera línea, es decir, prácticamente dependen de lo que cada trabajador/a de la salud pueda disponer de su propio bolsillo.

Que la pandemia no sea excusa

La pandemia del COVID-19 constituye un evento extraordinario que afecta la salud de la población mundial pero que, al mismo tiempo, pone en evidencia los problemas y desigualdades sociales previos. La pandemia no puede reducirse a un virus, sino que es también un fenómeno social que da cuenta de cómo la sociedad capitalista en la que vivimos hace emerger nuevas enfermedades que nos golpean de manera diferente según nuestra situación social.
El “proceso de privatización progresiva de la salud a expensas del desmantelamiento del sistema público es uno de los principales problemas mundiales para enfrentar la pandemia”. Y la precarización laboral y la falta de recursos se exacerban en este contexto más aún a monotributistas, becarios, concurrentes y a todos quienes trabajan incluso en los servicios esenciales como lo es la salud.
Las personas que se encuentran en situaciones de internación en hospitales monovalentes neuropsiquiátricos presentan una alta vulnerabilidad ante la pandemia por el desgaste de su salud integral -especialmente por temas respiratorios debido al tabaquismo- que se incrementa por el encierro extendido y por la falta de cuidados suficientes. Como ya se vio con los geriátricos en todo el mundo o en los paradores nocturnos para personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires con los contagios masivos, se trata de instituciones especialmente susceptibles por la afectación grave de la salud de la población internada debido a las condiciones de vida, la edad y las co-morbilidades.
De hecho, en menos de una semana, el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires pasó de 1 a 15 casos de personas contagiadas con COVID-19. Y aún no se han implementado los testeos masivos para la prevención y atención de las personas afectadas. Y como otra cruda muestra de la desidia, en medio de la pandemia, Jorge Marcheggiano, un paciente del hospital fue asesinado por una jauría de cinco perros en el parque del Borda sin que nadie lo asistiera.
Los derechos y la voz de las personas olvidadas en el encierro de los manicomios deben ser reconocidos y de manera urgente en esta pandemia. Es necesario que se garantice la atención de estas personas con el personal de salud capacitado necesario para su cuidado. El gobierno debe garantizar dispositivos informáticos con internet gratuita para que las personas internadas puedan seguir sosteniendo el contacto con sus programas de formación profesional, artísticos, acompañantes terapéuticos, asistentes personales, así como familiares y amigos/as.
Que el encierro no es terapéutico, ha quedado a la vista de toda la población con el sufrimiento psíquico que conlleva. ¿Imaginemos si fuera de ocho años como lo es en el promedio de las 12.035 personas internadas en neuropsiquiátricos? ¿Imaginemos si transcurriera en espacios con hacinamiento o en donde una jauría de perros pudiera devorarnos?

Acciones y no promesas

Hoy es urgente un aumento de emergencia para el presupuesto en salud con partidas especiales para salud mental, en base al no pago a la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas. También necesitamos que se financien los programas de externación y se contraten con todos los derechos laborales a todos/as los/as trabajadores/as de salud mental precarizados. No podemos tolerar despidos. Necesitamos más que nunca a todos los equipos trabajando.
Terminemos con la mercantilización de la salud y vayamos por un sistema único de salud, universal, público y gratuito que permita la integración social de las personas con padecimientos mentales graves con su atención y acompañamiento en la comunidad. La libertad sí es terapéutica.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora

Publicado el viernes 29 de mayo de 2020

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