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En horas del mediodía, vecinos de la ciudad de distintos espacios se hicieron presentes en la puerta del palacio municipal y leyeron un documento en repudio a las medidas que se están tomando en Políticas Sociales. El texto elaborado por CICOP SECCIONAL CABRED LUJÁN – COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DISTRITO MERCEDES, expresa:

El lunes 16 de mayo pasado, se mantuvo una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social, Prof. Mónica Issouribehere, donde se plantearon las dificultades que atraviesan los trabajadores sociales ante la inacción, cuando no la indiferencia del Director de Políticas Sociales y de los diversos funcionarios y coordinadores a su cargo. La funcionaria reconoció la necesidad de contar con una dirección técnica que permita encauzar y coordinar las acciones territoriales, restableciendo así una estructura funcional que hoy en la práctica está desdibujada.

Se acordó esperar la audiencia solicitada al intendente municipal, confirmándonos de este modo, la necesidad de una decisión política por encima de ella, que dé respuesta a los reclamos formulados.

Algo parecido ocurrió el lunes 23 de mayo en la reunión mantenida con la Secretaria de Gobierno, Sra Rita Sallaberry, quien consideró la dificultad política de cambiar funcionarios, pero indicó que la Secretaria de Desarrollo Social tiene facultades para pedir la designación de personal idóneo en cargos con poder de decisión para su área. Le pedimos que de una buena vez se tomen medidas concretas, porque esta falta de coordinación de las acciones, afecta a personas de carne y hueso, que además pertenecen a los sectores más desprotegidos de la población.

Ni los requerimientos legales ni los metodológicos prescriptos para las políticas públicas que deben velar por la protección y el ejercicio pleno de los derechos de la población, son atendidos correctamente, en el Municipio de Luján.
Los problemas en cada lugar, determinan la elaboración de diagnósticos y planificaciones que brillan por su ausencia y ni siquiera son avizorados como una vía de posible respuesta, quedando así toda la asistencia reducida a una bolsa alimentaria de cinco productos en forma mensual para grupos generalmente numerosos y que tampoco alcanza para todos los que las necesitan.

Los abordajes técnicos y las intervenciones, quedan librados al “buen” criterio y “compromiso” personal de cada profesional de servicio en el territorio, ya que las autoridades se des-responsabilizan de la atención básica que corresponde al Estado como garante de los derechos humanos.

El sistema de Promoción y Protección de Derechos, que es la articulación ordenada por ley, de todos los actores que trabajan con niños, niñas y adolescentes y tiene encomendado evaluar dispositivos y proponer intervenciones en función de la realidad de cada barrio, no existe como tal y está caracterizado por la precarización laboral de sus trabajadores, el reducido número de profesionales para abordar la gran cantidad y alta complejidad de situaciones vinculadas a la vulneración de derechos de niños y adolescentes expuestos a maltrato o abuso.

Esta actitud descomprometida, reiteramos, afecta la vida de las personas más necesitadas de protección por parte del Estado y dejan un saldo de lamentables e irreparables consecuencias. Por eso consideramos, que es urgente alzar la voz y denunciar que un Estado Municipal sin sensibilidad social, literalmente, mata.

Otro de los temas tratados en todas las reuniones realizadas con distintos funcionarios es el de la presencia de la Policía Comunitaria en el área de las Políticas Sociales, con intervenciones innecesarias, de brusquedad innecesaria y que reglamentariamente no tienen permitidas. La presencia de estos efectivos en lugares donde se debe atender y asistir a personas, muchas de ellas jóvenes, con problemáticas sociales diversas y complejas, se contradice con la necesidad de brindarles un espacio de contención y respeto, sin los cuales, desistirán de concurrir en busca de ayuda.

Pero, como si con nuestras advertencias y denuncias no bastara para rectificar en alguna medida el rumbo perdido y las responsabilidades abandonadas, se acaba de tomar la decisión de desarticular el equipo de coordinadores y profesionales de la Casa de la Juventud, separándolos entre sí y de sus cargos y pasar a la esfera de Prensa Municipal a la radio FM que allí funciona, lo que constituye sin lugar a dudas el desmantelamiento de todo el dispositivo de trabajo y de servicio a la comunidad

El funcionario a cargo, Juan Pablo Merea, estudiante de odontología, no ha esbozado hasta el momento lineamientos que permitan conocer, qué se le propondrá a los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero sin embargo se le conoce por haber tapado el mural de homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, con el slogan “jóvenes diferentes, quieren una ciudad diferente” y también por haber convocado a agentes de la Policía Comunitaria para controlar y/o disuadir a los jóvenes que allí concurren, que en algunos casos sufrieron agresiones.

Suponemos que ese tratamiento será el previsto para la integración social de la juventud, según su ideologizado criterio, que le permite entre otras cosas, llevar detallados informes de inteligencia con datos personales, preferencias, trazado de perfiles políticos etc. de cada uno de los empleados y profesionales del Servicio, algo que está expresamente prohibido.

Por todo esto consideramos nuestra obligación denunciar ante toda la comunidad de Luján la falta total de políticas sociales y este intento de vaciamiento y desmantelamiento de la Casa de la Juventud mediante el traslado de los profesionales que tenían a cargo las funciones de coordinación desde hace cuatro años y que han venido sosteniendo día a día el proyecto institucional de la casa desde una perspectiva de derechos humanos para la niñez y la juventud.

La destrucción de este espacio comunitario, nos preocupa porque indica la impronta ideológica que el funcionario Juan Pablo Merea mantiene, por la impunidad con que se maneja y la hipocresía con que responsabiliza a su superior el Director de Políticas Sociales Prof. Carlos Romero, por esta desacertada decisión, de la cual se descompromete absolutamente.

Por eso también nos preguntamos: ¿Por qué se destruye lo que funciona? ¿Donde está la democracia, el consenso, el diálogo con que se debe gobernar? ¿Por qué la característica más notoria de esta gestión de gobierno es la ausencia de los funcionarios, desde el Intendente para abajo, cuando se trata de asumir la responsabilidad de sus actos?

Publicado el lunes 30 de mayo de 2016

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