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El Senado de la Nación (al momento que, en el país, se está constatando un número de más de 10.000 nuevos contagiados por el Covid-19, cada día) sancionó un dictamen (con base en la Orden del Día Nro. 119/20, con casi 80 artículos) sobre el proyecto de ley que enviara el Poder Ejecutivo al Congreso a fines del mes de julio, en medio de la emergencia que deviene por la pandemia pública y notoria.

Una ayudita de los amigos

Aunque este texto sufrió modificaciones de la mano del propio oficialismo K, la versión original fue presentada de manera rimbombante en la Casa Rosada. A la par, se constituyó una “comisión de especialistas” que opinará aconsejando sobre algunas cuestiones importantes (entre otras, los funcionamientos del Consejo de la Magistratura y de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación). Dicha comisión está en la órbita del Ejecutivo, en ella hay juristas prestigiosos; pero también allí está -llamativamente- el letrado defensor de la vicepresidente de la Nación en sus múltiples procesos penales.

En soledad, el oficialismo K votó este dictamen en la madrugada del viernes 28 de agosto. Se proponen modificaciones a la organización judicial penal en el excepcional fuero federal, creaciones y fusiones de numerosos tribunales, juzgados, secretarías, fiscalías y designaciones de personal administrativo; estableciendo sistema de subrogancias para juzgados a crear (de dudosa constitucionalidad).

Con el nuevo sistema procesal penal, necesitamos muchos más fiscales y no tanto jueces (pero para obtener algunas adhesiones, apareció la necesidad de aumentar tribunales: en Perito Moreno; Santa Cruz, donde no se presta el servicio de justicia provincial dada la escasez de pobladores, se creará un juzgado federal, cuya competencia siempre resulta excepcional). Se establecen ciertos deberes para los magistrados, en caso de recibir influencias y presiones de los otros poderes (por suerte, se eliminó en el último momento, el término “poderes mediáticos”). También el texto viene a plasmar el definitivo traslado de los jueces nacionales de la Capital Federal (servicio ordinario porteño), al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dilatada derivación de la Reforma Constitucional de 1994). El mismo oficialismo, por fin, ha reconocido que no se trata de una reforma integral de la prestación del servicio de justicia en materia penal, que es lo que aguarda la ciudadanía.

Las preguntas del millón

Frente a todo esto imagino que el ávido vecino-lector querrá saber si esta nueva probable ley:
¿Facilitará su acceso al servicio común y corriente de justicia?, ¿asignará más cantidad, mejorará el modo y manejo más eficiente de recursos hacia juzgados, fiscalías, defensorías, oficinas de violencia contra la mujer, etc.?
¿Evitará que partes y letrados deban recorrer cientos de kilómetros para llegar al tribunal correspondiente; o que se agilicen las penas para incumplidores de las cuotas alimentarias, por ejemplo?
¿Evitará o reducirá por lo menos, el número de usurpaciones, o violentos robos y arrebatos que observamos impávidos cada día? ¿Agilizará los procedimientos para que la realización del valor Justicia no se haga realidad muchos años después de cada suceso?
La decepcionante respuesta es NO
Todo el arco opositor parlamentario la ha catalogado como “una reforma para salvar a la política de sus complicaciones de naturaleza penal”. Ha recibido también, el rechazo expreso y manifiesto de todos los actores involucrados en el servicio (asociaciones de magistrados, doctrinarios, profesionales, fiscales, academias, gremios judiciales, etc.). De los 5 ministros del Supremo Tribunal invitados a la presentación en Casa de Gobierno, sólo asistió uno.
Del costo inversión que la misma significa -estimado por la Ministro de Justicia de la Nación, en $ 1.900 millones (el texto original, preveía la creación de 279 nuevos cargos)- llegamos a la media sanción con un número engrosado de 908 cargos nuevos, lo que implica un presupuesto de más de $ 6.000 millones aproximadamente.

Quien quiera oír… que oiga.

A la luz de estos datos que el propio trámite legislativo muestra, no podemos resultar ingenuos, y no evaluar el proyecto en base a otros hechos y sucesos de trascendencia institucional y político social, porque nos asisten para extraer nuestra categórica conclusión:

– El Ejecutivo (un tanto bicéfalo, como es notorio) goza de plena legitimidad para impulsar proyectos de ley, tal su rol colegislador. Asumió la administración el pasado 10 de diciembre, y logró rápidamente una amplia ley declarativa de la emergencia pública en diversos aspectos, y una consecuente delegación de importantes facultades

– Designa infelizmente al ex funcionario de gestiones anteriores K -e involucrado en diversos procesos penales por corrupción, objetos de investigación- Carlos Zaninni como Procurador del Tesoro de la Nación (el jefe de los abogados del Estado); y desata una insólita persecución contra el funcionario (de impecable carrera en la institución) a cargo de la Procuración General de la Nación, Carlos Casal

– A partir de marzo del corriente año, todo el país sufre los efectos de una terrible pandemia. La misma muestra sus efectos, no solo en el aspecto sanitario sino en la insuperable situación socio económica con el empobrecimiento veloz de vastos sectores de la población de todo el territorio. Para enfrentarla, el Ejecutivo recurre a otra declaración de emergencia sanitaria (usando la herramienta, prevista en la Constitución de la Nación, de los DNUs), y a un riguroso “aislamiento social preventivo y obligatorio” (ya vigente desde hace más de 170 días), con efectos colaterales no queridos (violaciones insólitas, casos de violencia institucional represiva por parte de policías provinciales y con serias violaciones a los derechos humanos). Para sostener las diversas prórrogas, y aprovechando ciertas faltas de controles interpoderes, el Ejecutivo cae en cierta proliferación de DNUs de muy dudoso encuadre republicano.

– La lamentable y mezquina inexistencia de mínimos acuerdos acerca de imprescindibles políticas públicas, a sellar entre oficialismo y el arco opositor.
La UCR nacional aguarda -desde el mes de abril- una respuesta a una solicitud formal de entrevista con el presidente de la Nación.

– Anuncia la expropiación (por otro DNU, clara y groseramente inconstitucional) de una empresa agrícola cerealera, procurando entrometerse en el Poder Judicial de una provincia (donde tramita un concurso de acreedores en tribunal ordinario santafesino). Luego, ante las múltiples oposiciones y acciones cívicas críticas, deroga el cuestionado DNU.

– En plena y agravada crisis sanitaria y socio económica, y ante los avances autocráticos del Ejecutivo, aún en pleno funcionamiento semipresencial del Poder Legislativo aunque no del Poder Judicial, ciertos vastos sectores de la ciudadanía se manifestaron ruidosa y espontáneamente en contra de tales atropellos a las libertades y derechos constitucionales. La última “marcha cívica” (NO convocada por los partidos políticos opositores) llevó como lema: “No a la reforma judicial. Por la república y las instituciones”. Toda una luz roja para todos, y para nuestro sistema republicano y democrático.

– La presencia de indisimuladas acciones de las más altas autoridades institucionales del Estado procurando la impunidad de los procesados en las causas (muy avanzadas y con abundantes elementos probatorios, listas para avanzar) por delitos de corrupción en las gestiones K anteriores. Asimismo, las nunca negadas intenciones de intentar manipular al Poder Judicial mediante modificaciones a la Constitución de la Nación, a los funcionamientos del Consejo de la Magistratura y de nuestro Supremo Tribunal (mediante su ampliación innecesaria, o división inconstitucional en salas).

TODOS estos elementos, y otras sospechas, antecedentes de la historia y convicciones, nos llevan a la opinión indudable de que este proyecto de ley, pues, FLACO FAVOR LE HACE A LAS INSTITUCIONES Y A LA PERDURABILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO, A LA DIVISIÓN IMPRESCINDIBLE Y REPUBLICANA DE PODERES, Y A LA NECESARIA SEGURIDAD JURÍDICA que nuestra Argentina necesita para intentar recuperarnos.
De nosotros depende.

Nota: Las opiniones de este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor.

Publicado el sábado 29 de agosto de 2020

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