Más Verdad, más Justicia y menos relato

Nací el tres de diciembre de 1980, y no lo comento para que me saluden en esa fecha, ya que Facebook seguramente se encargará de recordárselos. Simplemente lo hago para explicarles que, si bien nací en los últimos años de la dictadura militar instalada en 1976, claramente no tengo recuerdos de transitar un gobierno de facto, y es obvio ya que era demasiado chico como para recordar o entender semejante situación, esto viene a que solo tengo recuerdos de criarme y vivir en democracia.

Tal vez tengo algún recuerdo vago, de salir a festejar en octubre de 1983, cuando se impuso en las elecciones el Dr. Ricardo Alfonsín, que también puede ser una confusión con los festejos de la obtención del mundial de fútbol por parte de la selección argentina en 1986.
En casa mis viejos, militaron con orgullo y convencidos la vuelta a la democracia, así que me crié entre alguna que otra foto de mi padre con Alfonsín, quien tuvo militancia activa en el radicalismo, y su posterior desilusión y alejamiento con el gobierno que entregaría antes el mandato, con una hiperinflación galopante, que iba a golpear a la clase media y sobre todo a mi familia.

Un poco de historia

Mi ingreso a la facultad estuvo marcado por la admiración del “Juicio a las juntas militares”, lo cual obviamente vi solo algunos pasajes por video, y por el recordado alegato del Fiscal, Julio César Strassera, quien termina con la frase recordada para todos, que al día de hoy la escucho y me pone la piel de gallina, “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: «Nunca más».
Este juicio fue encomendado por el Presidente Raúl Alfonsín, a los cinco días de asumir por el decreto 158/83 que ordenaba enjuiciar a los «…integrantes de la junta militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes«.

Pero también existió el decreto 157/83 que promovió «…la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdia, Rodolfo Galimberti y Héctor Pedro Pardo, todos ellos de la dirección de la organización Montoneros, como también del ex gobernador justicialista de Córdoba en 1973, Ricardo Armando Obregón Cano, y de Enrique
Gorriarán Merlo; del auto titulado Ejército Revolucionario del Pueblo, por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público”.

Para llegar a ese proceso de juzgamiento, que fue un ejemplo en el mundo, hubo gente con muchísimo coraje en pleno proceso de la dictadura militar para enfrentar a quienes después fueron condenados, abogados que pusieron a disposición en forma gratuitas sus servicios presentando habeas corpus, otras que conformaron La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integradas por líderes políticos, religiosos y sociales entre los que se
destacaban Alfredo Bravo, Graciela Fernández Meljide y el mismo Ricardo Alfonsín , entre otros. Fueron ellos quienes en 1979 cuando vino a la Argentina la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) le presentaron la lista de desaparecidos, que luego fue publicada en el informe de la CIDH. Además, esta documentación recabada fue entregada a la CONADEP, creada por Decreto por el Presidente Alfonsín, que sirvió como base para la labor del Fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas.

El comienzo del relato

Sin lugar a dudas la fallida ley de Punto final, que estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados de haber cometidos delitos durante la última dictadura militar y la ley de Obediencia Debida, que implantó que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores o de inmuebles de desaparecidos), no eran punibles, por obedecer a las órdenes emanadas de sus superiores, y los posteriores decretos que indultaron a los miembros de la Junta Militar y a los líderes de las organizaciones guerrilleras, fueron creando descontentos y discusiones en la sociedad argentina, que se fueron acrecentando con los años y que el matrimonio Kirchner, una vez llegado al poder, supo aprovechar para construir su gran relato, tratando de excluir a los verdaderos participes de la búsqueda de la verdad y de la justicia que realmente arriesgaron su vida en plena dictadura militar, prácticamente monopolizando la utilización de los DDHH e imponiendo una fábula que buscaría colocarlos a ellos, como los grandes hacedores de la verdad, confundiendo la historia.

Tal vez lo que daría inicio al relato que buscaría instaurar el matrimonio Kirchner, comenzó en el 2003, Cuando el Congreso Nacional, Promulgo la “Nulidad”, de las leyes de obediencia debida y de punto final (atribución del Poder Judicial, que inexplicablemente sancionó el poder legislativo), que además ya en 1998 habían Derogado el mismo parlamento, y que no tenían vigencia por el rango constitucional de diferentes tratados internacionales de DDHH.
Posteriormente, en el 2004, tal vez pergeñado por algún experto en estrategia comunicacional, se dio la recordada escena en donde Néstor indicaba al titular del Ejército, Roberto Bendini, que bajara de una de las galerías del Colegio Militar los cuadros de Videla y Reynaldo Bignone.
Fue tan buena la puesta en escena, que no voy a mentir, casi logran convencerme. El relato se fue enfatizando cada vez más, al punto de que quienes nunca ni siquiera participaron de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y menos de la CONADEP, tuvieron la desvergüenza de modificaron el prólogo del informe del “Nunca Más” en el año 2006. Y ni que hablar, cuando ensuciaron los pañuelos blancos con la causa de corrupción más inescrupulosa de la historia, utilizando la asociación de “Madres de plaza de mayo” como un entramado más del robo de fondos con la obra pública, en este caso, con la recordada misión de “Sueños Compartidos”.

Sin lugar a dudas la Argentina atravesó varias etapas intentando esclarecer definitivamente nuestro pasado. Una primera etapa con juicios ejemplares donde se respetaron todas las garantías procesales y constitucionales, juzgando y condenando tanto a los miembros de la junta militar como así también a los responsables de delitos que formaban parte de diferentes organizaciones terroristas; después le sobrevino una etapa que tiró por la borda todo el trabajo realizado, con las leyes de punto final, obediencia debida y los posteriores indultos a los condenados. A esto le siguió la construcción de un relato embustero por parte del gobierno de turno, al punto de crear una novela eliminando a los verdaderos partícipes y posicionándose como actores principales de la Historia a un matrimonio que realmente estaban más preocupado por ejecutar hipotecas en el sur, que por presentar habeas corpus.

El debate pendiente

Desde que hemos sufridos los atentados de la embajada de Israel y el de la AMIA en la argentina, y mundialmente el atentado en New York a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001, el mundo comenzó a debatir los conceptos de delitos de lesa humanidad, los cuales en la argentina son imprescriptibles desde el año 1995 por la aprobación de la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad».

Estos atentados demostraron que no solo los estados y sus fuerzas pueden cometer delitos de lesa humanidad, sino que grupos que no tienen el poder de policía, también pueden producir violaciones de derechos humanos y ser juzgado como tales y no como delitos comunes.
En algún momento tendremos que dar el verdadero debate de lo ocurrido durante la última dictadura militar, sin relatos inventados, retornando al camino marcado por aquel primer juicio a las Juntas.

Pero antes, debemos resolver lo urgente, y no podemos descuidar lo que está ocurriendo en la actualidad en la provincia de Formosa, donde se están violando sistemáticamente los derechos humanos y garantías Constitucionales por parte del Gobierno de Gildo Insfran, con la complicidad del Gobierno Nacional, quien niega y oculta las transgresiones al sistema Republicano, tal y como los negó el último gobierno de facto de la dictadura militar de 1976.

 

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad del autor.

Publicado el miércoles 24 de marzo de 2021