Acuerdos Amplios, Sólidos y Permanentes

La Nación Argentina debería poder avanzar en una serie de transformaciones institucionales y estructurales para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reformas en varios frentes

No se puede concebir una eficaz lucha contra la pobreza sin cambiar nuestro regresivo sistema de impuestos hacia otro más progresivo en el que efectivamente más pongan los que más tienen y más ganan.
De igual modo, nuestro sistema educativo ha quedado en evidencia por la flagrante desigualdad desde la que se pudo abordar la pandemia y el aislamiento con la educación a distancia.
El funcionamiento del sistema de justicia no es ajeno a la necesidad de reformas estructurales que aseguren acceso, igualdad de trato y, sobre todo, la garantía absoluta de la vigencia de los derechos y libertades públicas de todas las personas. Tiene, además, el poder judicial, el enorme desafío de ser articulador y garante del funcionamiento del estado de derecho y la república, impidiendo cualquier abuso de poder o el apartamiento de las normas que nos rigen.
Podríamos seguir enumerando la cantidad de temas que nos permitirían avanzar en la consolidación de un verdadero proyecto de país con una mirada de largo alcance. Ello nos daría además, la estabilidad y la previsibilidad que necesitamos para poder transitar un camino más firme hacia el desarrollo con equidad.
Garantizar la igualdad, volver al crecimiento, mejorar nuestra productividad, son objetivos que requieren, siempre, de instituciones que los sostengan y realicen, de manera firme y permanente. Las instituciones son el conjunto de normas que, dentro del marco constitucional, se requieren para la convivencia social y la satisfacción de necesidades, intereses y expectativas sociales.

La historia puede enseñarnos

Un error recurrente de los partidos o coaliciones que alcanzan los gobiernos es su tentación fundacional, creyendo que llegan para cambiar todo y empezar de nuevo, con la pretensión de estar alguna vez en los libros de historia que podrían leer sus nietos. Eso los lleva entonces a arrasar con lo que han hecho sus antecesores y, en todos los casos, cometer el error del retroceso renunciando a convertirse, como debería ser, en un eslabón más hacia el progreso.
El otro gran pecado de las nuevas mayorías es el sentido de la omnipotencia propia, prescindiendo del resto. Esa idea tan equivocada de que hablar con el que piensa diferente los debilita, cuando debería verse al contrario. La fortaleza radica, justamente, en sostener mis ideas confrontadas con las de mis adversarios; y mucho mejor aún, si soy capaz de cambiarlas para incorporar algo que considero superior o complementario.
Por lo tanto, las reformas estructurales, las que se pretende que perduren en el tiempo- en la convicción de que aportarán mejoras hacia el bien común- deben ser el resultado de acuerdos que involucren a una amplia gama de visiones políticas y sectoriales, como técnicas y académicas.
Así debió haber sido el tratamiento de una reforma para el sistema judicial que, lamentablemente, por no haber sido así, nace mal.

¿Cómo y para qué reformar?

El oficialismo parece tener la decisión de avanzar “a las patadas”, o “a los empujones”, con algo tan importante que no podía prescindir de una fórmula de acuerdo y una aprobación muy mayoritaria. No es un buen origen para una ley, un Congreso partido por mitades (casi del mismo modo en que aparece hoy dividida la sociedad en una explicitación peligrosa de la grieta).
El vicio de origen ha sido un proyecto anunciado y enviado por el Poder Ejecutivo en el mismo momento en que se constituía un Consejo Consultivo creado justamente para evaluar el funcionamiento del sistema de justicia. Parece más razonable pensar en el proyecto de reforma como la consecuencia del trabajo de esa misma comisión.
Pero el grupo conformado a ese fin adolece de otro déficit que está en su misma integración. No solamente porque algunos de los integrantes exhiben claros conflictos de intereses (abogados que litigan en la justicia que van a reformar para obtener la impunidad o inocencia de sus clientes que, a la sazón, son nada menos que funcionarios públicos procesados por delitos de corrupción), sino que lo que deslegitima o parcializa riesgosamente el trabajo a realizar es la falta de incorporación de miembros representantes de los estamentos del poder judicial, y que deberían haber sido los primeros a sentarse en esa mesa.
Exactamente lo que el Presidente de la Nación dijo querer evitar -la intromisión del poder político sobre el poder judicial- es lo que ha ocurrido. Funcionarios del poder ejecutivo redactando una reforma para el poder judicial sin siquiera haber consultado con aquellos. Es claramente contradictorio.

Representantes y representados

Los once miembros designados para la comisión asesora, juristas reconocidos, son las personas de la confianza del Presidente (y no está mal que así sea), pero de ninguna manera representan ellos a aquellos sectores que sí debieron estar. Me refiero a los jueces, fiscales, defensores, empleados de la justicia, abogados y colegios profesionales, academias y facultades de derecho. Esos no están y su ausencia le baja el valor al resultado de lo que el grupo de trabajo vaya a proponer.
Por otra parte, y sin perjuicio de la envergadura que tiene el proyecto recientemente aprobado en el Senado, -y según lo ha manifestado la Vicepresidenta Fernández de Kirchner-, ésta no es la verdadera reforma que están buscando. Y entonces cobra importancia el cometido que se ha encomendado al Consejo Consultivo: repasar, evaluar y proponer modificaciones sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
Atención, entonces: no hemos visto lo peor, que aún está por venir.
Sin embargo, y sin perjuicio de las críticas que podría hacer al contenido del proyecto, no me quiero apartar de la mirada puesta en la necesidad de los acuerdos.

Acuerdos y Consensos

Proponer o producir una reforma implica, previamente, establecer un correcto diagnóstico sobre cuáles son los problemas que se pretenden resolver. Ahí radica, entonces, el primer acuerdo que se debió procurar y que, evidentemente, ha faltado.
Podrían coexistir diferentes miradas sobre el funcionamiento del sistema o del poder judicial. Por mi parte, desde la perspectiva de la ciudadanía que busca en la justicia la garantía de sus derechos, creo que los problemas a resolver serían estos: la lentitud y la falta de eficacia de los procedimientos; la poca transparencia y credibilidad. Siempre, con la aclaración de que no deben estas afirmaciones ser entendidas sobre la generalidad, sino respondiendo a las parcialidades de que gozan las observaciones sobre todos los ámbitos. Ni en la política ni en el periodismo, todo es absolutamente bueno como tampoco es absolutamente malo. Tampoco en la justicia, donde muchos trabajan bien y honestamente. Pero también hay fallas estructurales que atentan hasta contra las buenas voluntades de las personas.
Lo cierto es que tenemos un sistema que ni siquiera ha incorporado todos los elementos tecnológicos para adaptarlo a tiempos y posibilidades. Y por ese lado, sí que se deberían incorporar buenas reformas.
Reconstruir la confianza de la sociedad en todas sus instituciones es fundamental para que las cosas funcionen y todos se sientan comprometidos con el sistema de reglas que esas instituciones imponen. Y de manera especial respecto de la justicia que debería gozar, en todos los casos, de absoluta credibilidad para el ciudadano común.
No habiendo existido ni el ámbito ni el acuerdo sobre qué problemas se quieren resolver con la reforma, eso abre la posibilidad de que se empiecen a manifestar las dudas o sospechas sobre lo que verdaderamente se quiere.
Tener acuerdos previos (sobre metas y objetivos) entonces, es tan necesario como los definitivos.

Una reforma que nace mal

Esta reforma judicial nace mal y no es posible augurarle un mejor final. Ni en las posibilidades finales de su aprobación legislativa, ni mucho menos en su implementación o ejecución. Lo cierto es que lo visto hasta ahora deja demasiadas dudas, incluso por un tratamiento que puso en evidencia el revoleo de cargos creados (de 300 iniciales se llegará a 900) como condición para facilitar su aprobación en el Senado.
Han fallado las previas, son cuestionables los contenidos, y especialmente las formas que se han usado para avanzar en esta reforma judicial. No porque fuera innecesaria, sino porque, en definitiva, no servirá para nada de lo que se esperaría de ella. No le mejora la vida a ninguna de las personas que diariamente transitan por los tribunales buscando justicia. Tal vez sí pueda ser útil para que, al final de este camino tan torcido, le hayan mejorado las condiciones judiciales a imputados procesados por delitos de corrupción. O sea, exactamente lo contrario a lo que el conjunto de la sociedad espera ver: el nunca más de la corrupción, que tanto daño ha hecho (hasta cobrar vidas) en nuestra Argentina reciente.

Necesitamos más Democracia y más República

No se trata de temas o cuestiones técnicas. Estamos frente a situaciones que nos involucran como sociedad y a las que deberíamos atender con especial cuidado.
Las reformas sin acuerdos están hechas a espaldas de la ciudadanía, apartadas de sus expectativas de bienestar e igualdad. Por eso devienen ilegítimas. Argentina necesita reconducir su tránsito hacia una mayor tolerancia, diálogo y acuerdos sobre lo que efectivamente queremos ser y entonces nos será más fácil definir qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo.

Publicado el sábado 29 de agosto de 2020