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Doce firmas del empresario Cristobal López fueron allanadas hoy en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta presunta comisión de los delitos de «insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación indebida de aportes previsionales y retenciones impositivas».

Los allanamientos fueron dispuestos por la jueza en lo Penal Económico, Veronica Straccia en el marco de un expediente que se abrió a partir de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, fuentes con acceso al expediente dejaron trascender que los operativos tuvieron por objetivo buscar «información contable y extracontable, mutuos y todo otra documentación vinculada con las maniobras investigadas».

Los operativos estuvieron dispuestos por La Policía Federal, que actuó acompañada por una unidad de AFIP, y se desarrollaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Catamarca y Rosario.

Las empresas allanadas fueron Ideas del Sur, Ámbito Financiero, Alcalis de la Patagonia, Casino de Rosario, La Corte, Argentina Corre, La Salamandra, ubicada entre el límite de Carlos Keen y Torres, Partido de Luján, Votionis, Imagen Radial, DH Com, Radio Productora 2000,  Metal, Petrolera Cerro Negro, Parador Diez, Establecimiento Santa Elena, Banco Finansur, Esuvial y IGD, entre otras. La empresa La Salamandra según sus trabajadores no ha sido hasta el momento allanada, y aclararon que sus integrantes están haciendo mucho para sacarla adelante. Por lo que se supo no está en cuestionamiento la empresa y los trabajadores, sino Cristóbal López. Fuente Diario El Día de la Plata.

En el expediente, a cargo de la jueza Straccia, se acumularon denuncias contra López por la apropiación indebida de aportes previsionales y otras como la referida a la retención indebida del impuesto a los combustibles percibido por la firma Oil Combustible.

En esa causa, López y su socio Fabián De Sousa están siendo investigados por presunta defraudación contra la administración pública por unos 8.000 millones de pesos.

El fraude se habría producido a través de la retención indebida de lo recaudado en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que Oil Combustibles percibió entre 2011 y 2013, pero no giró a la AFIP.

Fuente. El Día

Publicado el viernes 24 de marzo de 2017

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